El principio de presunción de inocencia es un derecho fundamental que establece que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante una sentencia firme y definitiva. Este principio está reconocido en la Constitución española y en los tratados internacionales de derechos humanos.
En España, el principio de presunción de inocencia se aplica en todo el proceso penal y se extiende a todas las pruebas que se presenten en el juicio. Es decir, el acusado no tiene la obligación de probar su inocencia, sino que es el Estado el que tiene la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad del acusado.
Este principio implica que el juez o tribunal debe analizar todas las pruebas presentadas y valorarlas de forma objetiva e imparcial, y solo puede condenar al acusado si la prueba de su culpabilidad es suficiente y contundente.
Además, el principio de presunción de inocencia también implica que cualquier medida restrictiva de derechos, como la prisión preventiva, debe ser excepcional y estar debidamente justificada por la gravedad del delito y la necesidad de proteger los intereses de la sociedad.
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