En España, el plazo máximo de prisión preventiva está regulado en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según este artículo, la prisión preventiva no podrá durar más del tiempo que se fija como pena para el delito más grave por el que se esté siendo investigado, con un límite máximo de dos años si se trata de delitos castigados con pena privativa de libertad de más de 9 años o de 1 año si se trata de delitos castigados con pena privativa de libertad igual o inferior a 9 años.
No obstante, este plazo puede ser ampliado por el juez instructor hasta un máximo de dos años adicionales en determinados supuestos contemplados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como por ejemplo cuando se trate de delitos de terrorismo o de organizaciones criminales.
Es importante destacar que la prisión preventiva es una medida excepcional que solo se puede aplicar cuando se dan determinados requisitos, como la existencia de indicios racionales de la comisión de un delito, el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, o la posibilidad de que el investigado pueda interferir en la investigación. Además, siempre debe existir una proporcionalidad entre la medida de prisión preventiva y los fines que se pretenden conseguir con ella, como asegurar la presencia del investigado en el proceso penal o evitar la comisión de nuevos delitos.
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